El estado del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres de las Américas es un termómetro de la calidad y efectividad de la democracia y la gobernabilidad en el hemisferio. A pesar del rico marco jurídico generador de derechos políticos de las mujeres, aún persisten en América Latina y el Caribe importantes desafíos que ponen en entredicho la calidad de nuestros sistemas políticos y evidencian la necesidad de fortalecer los derechos de ciudadanía de las mujeres.
Este es el punto de partida de dos nuevos estudios que presenta la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), en colaboración con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y ONU Mujeres. El primer studio:”La ciudadanía de las mujeres en las democracias de las Américas” reflexiona sobre la calidad de nuestra democracia desde los derechos de ciudadanía de las mujeres en América Latina, el Caribe anglófono y Canadá; el segundo studio: “La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina” reseña las experiencias de Bolivia, Costa Rica y Ecuador al adoptar la paridad de género.
En el centro de estas reflexiones está el problema de la subrepresentación de las mujeres en las instancias donde se decide sobre sus vidas, ya sea en los parlamentos nacionales o en los concejos municipales. La presencia de mujeres amplía la agenda política con la entrada de nuevos temas como la violencia de género o el cuidado; y logra producir cambios para la aplicación de esta agenda.
La principal amenaza para los derechos humanos de las mujeres en todas las esferas de la vida es, sin duda, la violencia de género. En el ámbito de la política, se han registrado casos de acoso político que han violentado los derechos de las mujeres e impedido su participación política en condiciones normales, e incluso en algún caso ha llegado a costarles la vida. Otros obstáculos importantes están relacionados con la desigual distribución del poder al interior de los partidos, las dificultades para integrar candidaturas equilibradas entre mujeres y hombres, el limitado acceso de las mujeres al financiamiento para las campañas, y la escasa cobertura que brindan a las candidatas mujeres los medios de comunicación. Problemas como la falta de documentación o el desconocimiento de los derechos impiden el ejercicio de los derechos electorales más elementales como votar el día de la elección.
No obstante, en las últimas décadas, se ha producido un aumento de la presencia de mujeres en los cargos electos, gobiernos e instancias judiciales. En el año 2000 el promedio de mujeres en los parlamentos de América Latina fue de un 13% 3. En el año 2013, el porcentaje de mujeres en los parlamentos es del 22,69%, casi 10 puntos porcentuales más que a principios de la década del 2000. Además, este porcentaje es superior al promedio mundial que se sitúa en el 21,3% (IPU, 2013).
Sin embargo, los promedios regionales esconden diferencias nacionales sustantivas. Por ejemplo, cinco países de la región, Nicaragua (40,2%); Ecuador (38,7%); Costa Rica (38,6%); Argentina (37,4%) y México (36,8%) superan el porcentaje del 30%. Sin embargo, países como Panamá, Brasil, Colombia, Guatemala y Chile no alcanzan el 15% de mujeres parlamentarias. En el Caribe dos países superan el porcentaje del 30%, son Grenada (33,3%) y Guyana (31,3%). Estados Unidos cuenta con un 17,7% de mujeres en el Congreso, mientras que en el parlamento de Canadá el porcentaje de mujeres es de 24,7% (IPU, 2013).
Las acciones afirmativas adoptadas por la mayoría de países en la últimas dos décadas, entre las que destacan las cuotas de género, han servido como acelerador para la incorporación de las mujeres a las instituciones cuotas de género para las candidaturas electorales. Los movimientos de mujeres y las alianzas entre éstos y las mujeres de los legislativos y los ejecutivos ha sido clave para el establecimiento de la paridad.
Aunque han sido notorios los avances, todavía enfrentamos retos cruciales para la conformación de sistemas políticos inclusivos y con capacidad para responder a las demandas que producen sociedades tan diversas como las americanas. Los partidos politicos continúan demasiado cerrados a la participación de esta ciudadanía diversa, incluso más que los parlamentos y los gobiernos. Por eso es crucial abordar la democratización interna de los partidos y de todo movimiento político que aspire a representar a la ciudadanía en las instituciones del Estado.
Los resultados de estos estudios son un aporte fundamental al debate sobre la calidad y efectividad de la democracia para fortalecerla desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género.
