Según cifras de UNICEF, 150 millones de niñas y 73 millones de niños son abusados sexualmente antes de los 18 años. De ellos, el 65% (145 millones) sufren de incesto – o violación perpetrada por un miembro de la familia. Se estima, además, que un 75% de hombres que han sido violentos con sus parejas, también han abusado de sus hijas.
El incesto es una de las manifestaciones más graves de la violencia familiar. Al ser una de las formas menos denunciadas de abuso sexual, tenemos poca idea de su prevalencia y de sus impactos. Se refiere a todo tipo de comportamiento sexual, incluyendo la violación, entre miembros de la familia nuclear, extensa o política. Está legal y culturalmente prohibido en todas las sociedades del hemisferio.
Las familias donde ocurre el incesto no son diferentes a cualquier otra familia. Sin embargo, algunos estudios señalan que factores como la cohabitación, la violencia intrafamiliar, y la ausencia de relaciones sexuales entre madres y padres puede llegar a propiciarlo. En el 90% de los casos de incesto, el abusador es masculino y en el 80 por ciento es una persona allegada a la/el menor. El perpetrador abusa de su poder y confianza para cometer este aberrante delito. Existe un alto porcentaje de casos de incesto entre padre/padrastro e hija/hijastra y muchos de estos se descubren cuando la menor abandona el hogar.
Al igual que muchas formas de violencia intrafamiliar, el incesto es particularmente difícil de prevenir, identificar y resolver. Sucede en un ambiente “privado”, se trata de una relación de total desigualdad entre un/a menor de edad y un familiar cercano, con el cual la víctima puede tener lazos profundos afectivos y de confianza y, como con otras formas de violencia sexual, el incesto genera una enorme estigmatización y vergüenza. Todos estos factores sirven de obstáculos para que los Estados puedan identificar las víctimas del incesto e intervenir para protegerlas, o que las propias víctimas puedan buscar ayuda de otros familiares o denunciar el delito con las autoridades.
El abuso sexual incestuoso puede ocasionar graves trastornos psicológicos irreparables, así como daños físicos, en personas menores de edad. Dada la invisibilidad del tema – tanto dentro de las familias como en la sociedad en general, estos trastornos a veces nunca se detectan y pueden llevar a problemas de salud física y mental aún más graves, incluyendo la réplica de la violencia intrafamiliar por las propias víctimas.
Prevenir el incesto requiere de un enfoque integral en el que la sociedad en su conjunto debe contribuir a combatirlo. Esta tarea debe comenzar por visibilizar la prevalencia del incesto y asegurar que se trate con la máxima seriedad por parte del Estado, así como trabajar con los y las sobrevivientes para eliminar la estigmatización y el miedo que tan frecuentemente acompañan este delito. Si bien muchos países carecen de un registro específico de estos casos, el incesto es un delito y debe ser denunciado a las instancias pertinentes de manera que se pueda analizar la verdadera dimensión del fenómeno y su impacto.
La Convención de Belém do Pará contempla la adopción de medidas por parte de los Estados Partes para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, e insta a tener especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia cuando son menores de edad. El cumplimiento de la Convención contribuirá a poner fin a esta pandemia social que viola el derecho de muchas niñas a vivir libres de violencia.
