El pasado 15 de junio se celebró el Día mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Este día fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y representa la fecha en la que se expresa la oposición a los abusos y sufrimientos infligidos a las personas mayores.
Según datos de las Naciones Unidas, la población mundial de las personas de 60 años o más será más del doble, de 542 millones en 1995 a alrededor de 1.200 millones en 2025. Se estima que entre el 4% y el 6% de las personas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato. En la actualidad, en la franja de edad de las personas de 60 años o más, el número de mujeres superan el de hombres en unos 66 millones. Entre las personas con 80 años de edad o más, el número de mujeres prácticamente duplica el de hombres, y entre las personas centenarias, hay entre cuatro y cinco veces más mujeres que hombres. Por primera vez en la historia de la humanidad, en 2050 en el mundo habrá más personas mayores de 60 años que niños.
La Convención Interamericana Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994), en su vigésimo aniversario desde su aprobación, define a la violencia contra la mujer como “…cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (capítulo 1) y exhorta a los Estados parte a tener en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que sufren las mujeres por motivo de raza, condición étnica, migrante, incluyendo las mujeres ancianas (capítulo 9).
La CIM ha estado apoyando la labor del Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA. Este grupo impulsó la resolución AG/RES. 2825 (XLIV-O/14) Proyecto de Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores aprobada en la 44 Asamblea General de la OEA, celebrada en Paraguay, del 4 al 6 de junio, 2014. Mediante esta resolución los Estados Miembros de la OEA establecen la necesidad de tener un instrumento regional jurídicamente vinculante que proteja los derechos humanos de las personas mayores y que éste instrumento sea adoptado en la 45 Asamblea General de la OEA.
