La desigualdad y sus múltiples dimensiones es un desafío que deben abordar los Estados considerando la relación entre activos económicos y no económicos, y la relación entre desigualdad y discriminación. Las desigualdades no sólo se remiten a recursos y bienes, también a las diferencias respecto a las oportunidades y posibilidades en el ámbito social, político, económico y cultural y afectan de manera diferenciada a las mujeres.
En América Latina y el Caribe hay expectativas respecto del horizonte democrático que se ha abierto en este siglo, pero también existe preocupación sobre la sostenibilidad de las vías de desarrollo, las recurrentes crisis de gobernabilidad y la intensificación de conflictos sociales. La mayor parte de los países han optado por el endeudamiento o basan su crecimiento en el alza de precios de minerales, sin haber puesto en marcha las reestructuraciones productivas necesarias.
En el 2008 la pobreza alcanzó a un 33% de la población de la región, incluyendo un 12,9% de pobreza extrema, lo que corresponde a 180 millones de personas[1]; si bien algunos países han reducido sus niveles de pobreza (como Costa Rica, Perú y Uruguay), en otros aumentaron (como Bolivia, Guatemala y México). Adicionalmente, se reprodujeron las desigualdades de ingreso y de oportunidades, conviviendo con sistemas fiscales poco redistributivos, lo que evidencia la escasa capacidad de los Estados para cobrar impuestos y transferir ingresos a los hogares de más bajos ingresos[2].
La información disponible muestra la persistencia de la feminización de la pobreza. En la medida en que las mujeres tienen un acceso restringido al mercado laboral y, en general, a los recursos económicos, aumenta su dependencia y vulnerabilidad. Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de CEPAL[3], en el año 2009, el 31,8% de las mujeres no tenían ingresos propios, porcentaje que se reduce a 12,6% para los hombres. En el año 2010, vivían en situación de pobreza 118 mujeres por cada 100 hombres. Los hogares encabezados por mujeres han ido en aumento, pasando del 22% en 1990 al 31% en el 2008[4].
Existe además gran preocupación por los altos índices de embarazo adolescente, ya que la información existente demuestra que a mayor pobreza, mayores posibilidades de un embarazo adolescente no deseado[5]. En general, las mujeres enfrentan un déficit de atención en salud y carencia de información respecto a sus derechos sexuales y reproductivos, lo que se agudiza en las zonas rurales y de población indígena.
La heterogeneidad que presenta la región con respecto a los índices de Desarrollo Humano y de Desigualdad de Género e indicadores relacionados, puede apreciarse en el cuadro al final de este artículo[6].
Si se analizan las brechas de género en el ingreso (referidas a los ingresos diferenciales entre hombres y mujeres en condiciones similares de ocupación y educación) en la región como conjunto, se aprecian las diferencias: en el 2002, las mujeres percibían entre 58% y 77% menos de lo que percibían los hombres. Esta brecha se profundiza al confluir el género y la etnia, por ejemplo: en Perú, un estudio realizado en 2010 que explora la relación entre ingresos, ocupación y lengua materna, concluye que los hombres cuya lengua materna es el castellano tienen ingresos 53% mayores que las mujeres; en el caso de trabajadores cuya lengua materna es nativa (quechua, aymara y lenguas amazónicas), los hombres obtienen ingresos 64% mayores que las mujeres (Garavito, 2011)[7].
La desigualdad y la discriminación se acentúan en ciertos ámbitos laborales, donde además confluyen el género y la etnia, como es el caso del trabajo doméstico; en muchos países (como Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala y Perú), éste es realizado por mujeres indígenas o afrodescendientes, en condiciones precarias o con un trato más de servidumbre que de relación laboral. En Brasil, por ejemplo, un 40% de las mujeres negras o mestizas trabaja en el servicio doméstico y solo un 15% de las mujeres blancas lo hace. En ese mismo país, los datos muestran que el 37% de las mujeres negras son la fuente primaria de ingresos de sus familias, mientras sólo un 12% de mujeres blancas están en esa situación; asimismo, las mujeres negras perciben mensualmente en promedio, un tercio menos del promedio mensual que reciben las mujeres blancas jefas de familia (Peredo, 2004)[8]. Evidentemente, existe un “núcleo duro” de exclusión donde confluyen pobreza, etnicidad y género.
La discriminación étnico-racial afecta a hombres y a mujeres, pero su impacto diferencial es mayor para las mujeres; esta discriminación, en la actualidad, se reproduce asociada a la marginalidad y la pobreza (por ejemplo, datos de la región para el período 1997-2007[9] indican que la mendicidad de la población afrodescendiente e indígena, es muy superior a la del resto de la población), dando lugar a una cadena de jerarquizaciones y exclusiones eslabonadas de las que forman parte las mujeres. Ese tipo de discriminación tiene raíces coloniales y se fundamenta en la convicción de la superioridad de la raza blanca y europea. Como afirma Peredo (2004), las culturas dominantes intentan uniformizar-civilizar a los diferentes grupos étnicos, a la vez que negarles sus derechos.
Tal como consigna la CEDAW, los Estados tienen la obligación de garantizar “por todos los medios apropiados y sin dilaciones” la eliminación de la discriminación contra las mujeres y su igualdad de jure y de facto, así como “asegurar por la ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio” (art. 1, 2 y 3).
[1] 56. CEPAL (2009b) citado en Mones (2010:9)
[2] . Sobre el tema, la FAO señala que en el 2006, América Latina y el Caribe tenían una carga tributaria promedio de 18,2%, mientras que la de la Unión Europea era de 39,8%.(FAO. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe. 2009)
[3] Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de CEPAL (http://www.cepal.org/oig/)
[4] 59. PNUD con base en datos de 2009 de CEPAL (www.americalatinagenera.org).
[5] Rodríguez Vignoli, Jorge. Reproducción adolescente y desigualdades en América Latina y el Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción. OIJ, CELADE, CEPAL y UNFPA. Chile. 2008.
[6] PNUD. Informe de desarrollo humano 2011. Sostenibilidad y equidad: un mejor futuro para todos. 2011.
[7] Garavito, Cecilia. “Desigualdad en los ingresos: género y lengua materna”. En: León Castillo, Janina e Iguíñiz Echeverría, Javier (editores). Desigualdad distributiva en el Perú: dimensiones. Pontificia Universidad Católica, Fondo Editorial. Lima, Perú, 2011
[8] Peredo, Elizabeth. Una aproximación a la problemática de género y etnicidad en América Latina. CEPAL. Chile. 2004.
[9] CEPAL y Latinobarómetro. América Latina frente al espejo. Dimensiones objetivas y subjetivas de la inequidad social y el bienestar en la región. 2010.
Artículo extraído de la publicación de la CIM: “La Ciudadanía de las Mujeres en las Democracias de las Américas”
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