Sistemas de discriminación y exclusión también operan en el mundo de las drogas. Las mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas son jóvenes, de bajo nivel socioeconómico y de escolarización y juegan un rol protagónico en el mantenimiento de sus familias. En muchos casos son jefas de hogar, y mujeres solteras con hijas e hijos menores.
El diseño de políticas públicas efectivas para la inclusión social de estas mujeres desde una perspectiva de género constituye un importante desafío que enfrenta la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), que en el 2014 publicó un diagnóstico donde revela que la mayoría de las mujeres privadas de libertad en la región lo están por delitos relacionados con las drogas: 80 por ciento en Ecuador, entre 30 y 60 por ciento en México, 64 por ciento en Costa Rica y 75 por ciento en Sao Paulo, Brasil para ofrecer solo algunos ejemplos.
En general, estas mujeres parten de condiciones de pobreza y de exclusión social donde carecen de oportunidades en la economía formal y en la capacitación laboral y recurren al microtráfico ante una situación de necesidad económica. Una vez que ingresan, tienden a quedarse en los eslabones más bajos del mercadeo y son detenidas por distintas razones: por posesión; por introducir pequeñas cantidades a los centros penales y por participar en el microtráfico como resultado de coerción o violencia de parte de personas conocidas y desconocidas, entre otras razones. Muchas mujeres que cometen estos delitos lo hacen a cambio de una remuneración y de manera consciente.
Es importante entender la complejidad y la interrelación de factores detrás de la participación de las mujeres en el mundo de las drogas. La exclusión social de estas mujeres pone límites sobre su autonomía y su capacidad de decidir. La aplicación de un enfoque de inclusión social a cualquier análisis de la justicia penal en casos de mujeres detenidas por delitos de drogas es esencial. Hasta ahora, el enfoque ha sido de criminalización y aplicación de medidas punitivas desproporcionadas.
Las necesidades y la situación en la que se encuentran estas mujeres son generalmente invisibilizadas e ignoradas. Sufren una triple condena cuando son criminalizadas por el Estado: i) del lado jurídico ii) del lado social y; iii) del lado económico que les dificulta obtener trabajo posterior a su reclusión. El encarcelamiento de madres puede implicar que hijos menores nazcan y/o vivan en la cárcel con sus madres – y sean testigos del abuso carcelario. Asimismo, el abuso doméstico, el aislamiento de sus familias y la estigmatización social caracterizada como un impacto diferenciado de roles tradicionales de género son otros factores que afectan a estas mujeres.
No se ha logrado identificar e implementar estrategias de prevención basadas en medios de vida sostenibles. Se ignora cómo abordar, desde un enfoque de género, derechos humanos, e inclusión social, una reforma judicial – que incluya el análisis de sentencias desproporcionadas, las alternativas al encarcelamiento para delitos no violentos, la rehabilitación de personas que han sido presas y la identificación de oportunidades post prisión. Un abordaje más efectivo de la inclusión social en el período post-encarcelamiento y la reconstrucción de la identidad y el sentido de pertenencia de estas mujeres es vital para mejorar los procesos de integración socio-laboral y superar las barreras para la inserción social.
El diseño e implementación de políticas públicas que posibiliten el pleno ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo de todas las mujeres es prioritario para la CIM. Esto incluye responder desde un enfoque integral y de género a la realidad que enfrentan las mujeres encarceladas y aquellas que han cumplido sentencias por delitos de drogas, teniendo en cuenta como componente principal sus necesidades y sus derechos.
Extraído del artículo de la CIM sobre la inclusión social de mujeres encarceladas
Baje la publicación de la CIM; “Mujeres y drogas en las Américas: Un diagnóstico en construcción”
